GRACIELA MRAD 
 Especial para El Nuevo Herald

 El juicio por desacato a un decreto presidencial contra los cubanos Ramón Saúl Sánchez, Alberto Pérez y Pablo Rodríguez se postergó ayer en Cayo Hueso para el 1 de mayo del 2002, a petición de la defensa, que busca argumentos para que el caso sea desechado.

 Los fiscales federales Ben Greenberg y Eileen O'Connor aceptaron posponer la audiencia.

 Sánchez, Pérez y Rodríguez, los tres activistas del grupo de exiliados Movimiento Democracia, son los primeros que encaran cargos federales por no respetar el decreto 6867 firmado por Bill Clinton en 1996 y ratificado por George W. Bush a principios de este año. La fiscalía los acusa de conspirar para violar la zona de seguridad de la Florida, y de penetrar ilegalmente en aguas territoriales cubanas.

 Los acusados supuestamente traspasaron el límite de las 12 millas de las aguas cubanas sin autorización de los guardacostas de Estados Unidos, cuando realizaban 
 una flotilla de homenaje a las víctimas del remolcador 13 de Marzo.

 Por esta causa, podrían afrontar hasta 10 años de cárcel y una multa hasta de $20,000.

 La moción solicitada por los abogados defensores deberá ser presentada el 28 de enero próximo, ``porque es el cumpleaños de José Martí'', dijo el abogado de Sánchez, Kendall Coffey, y la fiscalía deberá responder el 1 de marzo.

 Las razones esgrimidas por Coffey para que la causa sea desechada descansan en que dicho decreto es discriminatorio y violatorio de la primera enmienda de derechos de la Constitución de EU, al ser los acusados las únicas personas a quienes se les denegó el permiso para entrar en aguas cubanas.

 ``Hasta la fecha, los guardacostas de Estados Unidos han permitido la entrada a aguas cubanas a más de 3,000 personas'', dijo Sánchez y recalcó que sólo a los tres miembros del Movimiento Democracia se les prohibió la entrada.

 Además, cuestionó el status de una ley federal de EU sobre aguas juridisccionales de otro país.

 "La Declaración Universal de Derechos Humanos [de 1948] establece el derecho de toda persona a entrar a su país'', sostuvo Sánchez, quien piensa que el decreto debería ser derogado.

 Las medidas del decreto de 1996 tienen como objetivo ``prevenir perturbaciones de las relaciones internacionales''.

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