El juicio federal contra tres activistas de la organización anticastrista Movimiento Democracia, acusados de violar la ''zona de seguridad de la Florida'' y entrar ilegalmente en aguas limítrofes de Cuba, comenzó ayer en Cayo Hueso, al sur de Miami.
El presidente del grupo, Ramón Saúl Sánchez, quien junto con Alberto Pérez y Pablo Rodríguez integra el trío de acusados, calificó previamente de ''irónica'' la acción judicial presentada en su contra por las autoridades de EU.
Sánchez dijo que ``es irónico que un gobierno democrático proceda a encausar a tres cubanos por ejercer el derecho universalmente reconocido de entrar libremente a su país de origen''.
El dirigente agregó que estaba dispuesto a asumir cualquier consecuencia por un hecho que consideraba ``justo y moral''.
Según la fiscalía, los activistas penetraron en las aguas territoriales cubanas durante un viaje realizado por una flotilla el 14 de julio de 2001, haciendo caso omiso de las advertencias del Servicio de los Guardacostas estadounidense.
En esa ocasión, los guardacostas detuvieron brevemente a los tres integrantes del Movimiento Democracia después de que permanecieran por más de una hora en aguas territoriales cubanas a bordo de una embarcación que posteriormente les fue confiscada.
El grupo participaba en el viaje de la flotilla para conmemorar el séptimo aniversario del hundimiento del remolcador ''13 de Marzo'', en el que murieron 41 personas, entre ellas 21 niños, que pretendían salir de Cuba.
El remolcador fue embestido el 13 de julio de 1994 por patrulleras cubanas cuando varios cubanos intentaban escapar de la isla, aunque el gobierno de La Habana ha insistido en que se trató de un accidente.
Varios supervivientes y familiares de las víctimas del hundimiento han manifestado su respaldo a los tres activistas.
La Fiscalía Federal presentó los cargos a principios de septiembre pasado argumentando que los activistas no acataron el decreto 6867, promulgado por la administración de Bill Clinton y ampliado por Bush.
El decreto establece que los buques de la organización no salgan de una franja de tres millas alrededor de la península de Florida.
Es la primera vez que la fiscalía federal inicia una acción judicial esgrimiendo como argumento la violación de ese decreto presidencial.
De ser hallados culpables, Sánchez, Pérez y Rodríguez afrontarían diez años de prisión y multas de hasta $10,000.
